La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto congeló las cuentas de tres Magistrados de Jalisco: dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y uno más del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), confirmaron fuentes del Gobierno federal.
Se trata de Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, del TJA, así como Celso Rodríguez González, del STJ, sobre quienes pesan diversos señalamientos de corrupción.
El congelamiento de cuentas a los juzgadores se deriva de denuncias interpuestas en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida se tomó en tanto la UIF investiga el origen-destino de los fondos de los funcionarios judiciales, quienes han estado el ojo del huracán en los últimos años por lo polémico de sus resoluciones.
Según información a la que tuvo acceso Grupo REFORMA, son más de una decena de personas ligadas a estos personajes, entre ellos familiares y colaboradores, quienes estarían sujetas a la investigación de la UIF.
El Magistrado García Estrada dijo desconocer la medida que se le impuso.
"No estoy enterado, hasta ahorita no me han avisado (...) no me han notificado nada", expresó.
Por su parte, el Magistrado Barba Gómez se abstuvo de pronunciarse sobre el tema. Celso Rodríguez no fue localizado.
El 30 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió integrar una mesa para revisar casos de corrupción del Poder Judicial y nombró al Gobernador Enrique Alfaro, como representante de los Mandatarios.
El 7 de mayo, previo a una sesión de trabajo de esa mesa, Alfaro aseguró que llevaba información puntual sobre casos específicos "con nombre y apellido".
Fuente: Mural.
Se trata de Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, del TJA, así como Celso Rodríguez González, del STJ, sobre quienes pesan diversos señalamientos de corrupción.
El congelamiento de cuentas a los juzgadores se deriva de denuncias interpuestas en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida se tomó en tanto la UIF investiga el origen-destino de los fondos de los funcionarios judiciales, quienes han estado el ojo del huracán en los últimos años por lo polémico de sus resoluciones.
Según información a la que tuvo acceso Grupo REFORMA, son más de una decena de personas ligadas a estos personajes, entre ellos familiares y colaboradores, quienes estarían sujetas a la investigación de la UIF.
El Magistrado García Estrada dijo desconocer la medida que se le impuso.
"No estoy enterado, hasta ahorita no me han avisado (...) no me han notificado nada", expresó.
Por su parte, el Magistrado Barba Gómez se abstuvo de pronunciarse sobre el tema. Celso Rodríguez no fue localizado.
El 30 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió integrar una mesa para revisar casos de corrupción del Poder Judicial y nombró al Gobernador Enrique Alfaro, como representante de los Mandatarios.
El 7 de mayo, previo a una sesión de trabajo de esa mesa, Alfaro aseguró que llevaba información puntual sobre casos específicos "con nombre y apellido".
Fuente: Mural.
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