En el Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana se ventila un caso que entrañaría tráfico de influencias, conflicto de intereses y posible prevaricato por parte del ex subprocurador de Asuntos Metropolitanos de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Carlos Proal Díez de Urdanivia, y Dulce María Silva Hernández, esposa de César Yañez Centeno, coordinador General de Política y Gobierno en la administración que preside el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
El abogado Pedro López Palacios denunció a través de Twitter que la titular del Juzgado, con sede en Huejotzingo, Olga Margot Cortés León, por influencia de Silva Hernández, dictó una orden de aprehensión contra su cliente, Heinz Joachim Paul Schneider Elsner, “un septuagenario enfermo” a pesar de que éste interpuso un juicio de amparo, todavía pendiente de resolverse.
En entrevista, el litigante explicó que el conflicto legal inició en 2017, cuando a la muerte de su padre, las hermanas Nerea y Elizabeth Lizarralde Badiola desconocieron a Schneider Elsner como copropietario de cientos de hectáreas de terrenos en los que se planea edificar un desarrollo turístico e inmobiliario conocido como “Cola de Lagarto”, en la región de Atlixco.
López Palacios manifestó que esos los lotes fueron codiciados por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y el exsenador panista Javier Lozano Alarcón. Habrían sido éstos quienes le dieron la orden a Víctor Antonio Carrancá Bourguet, a la sazón titular de la FGE, para que el expediente de la denuncia tramitada por las hermanas Lizarralde Badiola prosperara de manera contraria a Heinz Joachim Paul Schneider.
El expediente contra el ciudadano alemán lo habrían integrado entre Carrancá Bouguet y su subprocurador de Asuntos Metropolitanos de la FGE, José Carlos Proal Díez de Urdanivia y, así, el 20 de octubre de 2017 Schneider fue detenido y se convirtió en uno de los más de los 350 presos procesados y perseguidos políticos del morenovallismo.
El 22 de otubre el germano de 74 años obtuvo su libertad para ser internado de inmediato en un hospital, porque sufrió el primero de los cuatro infartos que ha padecido desde que este asunto inició.
A decir de López Palacios, ayer la juez Olga Margot Cortés León, por conducto de personal del juzgado a su cargo, informó vía telefónica a familiares de Schneider que éste debería ingresar al Centro de Reinserción Social de Huejotzingo en un plazo máximo de cinco días o emitirá una orden de aprehensión, a pesar de que hay en trámite un amparo que aún no se resuelve.
En una plática informal fuera de entrevista, con este reportero y otra periodista este jueves, Cortés León aseguró que apenas llevaba tres días al frente del Juzgado de Huejotzingo y que ni siquiera conocía el caso de las hermanas Lizarralde Badiola contra Heinz Joachim Paul Schneider Elsner. También afirmó no conocer a Dulce María Silva Hernández, la esposa de César Yáñez.
Antes de dialogar con la juez, el reportero y su colega pudieron ver salir de su oficina a José Carlos Proal. Más tarde, fuentes del Poder Judicial confirmaron que, en su calidad de personero de Víctor Antonio Carrancá Bourguet, el exsubprocurador es el abogado defensor de las hermanas Lizarralde y, por tanto, estaría incurriendo en tráfico de influencias, conflicto de intereses y hasta prevaricato, ya que fueron ellos dos quienes, en su calidad de servidores públicos, armaron el expediente judicial contra el hombre a quien tienen ahora como contraparte en un juicio. En resumen: los abogados de la parte acusatoria llevan ventaja sobre el acusado por haber sido quienes prepararon la averiguación, al tratarse de la aplicación del código procesal penal hoy abrogado.
Fuente: La Jornada de Oriente.
El abogado Pedro López Palacios denunció a través de Twitter que la titular del Juzgado, con sede en Huejotzingo, Olga Margot Cortés León, por influencia de Silva Hernández, dictó una orden de aprehensión contra su cliente, Heinz Joachim Paul Schneider Elsner, “un septuagenario enfermo” a pesar de que éste interpuso un juicio de amparo, todavía pendiente de resolverse.
En entrevista, el litigante explicó que el conflicto legal inició en 2017, cuando a la muerte de su padre, las hermanas Nerea y Elizabeth Lizarralde Badiola desconocieron a Schneider Elsner como copropietario de cientos de hectáreas de terrenos en los que se planea edificar un desarrollo turístico e inmobiliario conocido como “Cola de Lagarto”, en la región de Atlixco.
López Palacios manifestó que esos los lotes fueron codiciados por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y el exsenador panista Javier Lozano Alarcón. Habrían sido éstos quienes le dieron la orden a Víctor Antonio Carrancá Bourguet, a la sazón titular de la FGE, para que el expediente de la denuncia tramitada por las hermanas Lizarralde Badiola prosperara de manera contraria a Heinz Joachim Paul Schneider.
El expediente contra el ciudadano alemán lo habrían integrado entre Carrancá Bouguet y su subprocurador de Asuntos Metropolitanos de la FGE, José Carlos Proal Díez de Urdanivia y, así, el 20 de octubre de 2017 Schneider fue detenido y se convirtió en uno de los más de los 350 presos procesados y perseguidos políticos del morenovallismo.
El 22 de otubre el germano de 74 años obtuvo su libertad para ser internado de inmediato en un hospital, porque sufrió el primero de los cuatro infartos que ha padecido desde que este asunto inició.
A decir de López Palacios, ayer la juez Olga Margot Cortés León, por conducto de personal del juzgado a su cargo, informó vía telefónica a familiares de Schneider que éste debería ingresar al Centro de Reinserción Social de Huejotzingo en un plazo máximo de cinco días o emitirá una orden de aprehensión, a pesar de que hay en trámite un amparo que aún no se resuelve.
En una plática informal fuera de entrevista, con este reportero y otra periodista este jueves, Cortés León aseguró que apenas llevaba tres días al frente del Juzgado de Huejotzingo y que ni siquiera conocía el caso de las hermanas Lizarralde Badiola contra Heinz Joachim Paul Schneider Elsner. También afirmó no conocer a Dulce María Silva Hernández, la esposa de César Yáñez.
Antes de dialogar con la juez, el reportero y su colega pudieron ver salir de su oficina a José Carlos Proal. Más tarde, fuentes del Poder Judicial confirmaron que, en su calidad de personero de Víctor Antonio Carrancá Bourguet, el exsubprocurador es el abogado defensor de las hermanas Lizarralde y, por tanto, estaría incurriendo en tráfico de influencias, conflicto de intereses y hasta prevaricato, ya que fueron ellos dos quienes, en su calidad de servidores públicos, armaron el expediente judicial contra el hombre a quien tienen ahora como contraparte en un juicio. En resumen: los abogados de la parte acusatoria llevan ventaja sobre el acusado por haber sido quienes prepararon la averiguación, al tratarse de la aplicación del código procesal penal hoy abrogado.
Fuente: La Jornada de Oriente.
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