El litigante, quien defiende a políticos polémicos, es acusado de lavado y delincuencia organizada; ya ingresó al Reclusorio Norte.
10/7/19
Juan Collado Mocelo, quien ha sido defensor legal de varios políticos envueltos en polémicas, fue detenido ayer en la Ciudad de México por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura del abogado de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, ocurrió en un restaurante ubicado en Paseo de Las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec.
Varios agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la detención, ordenada por un juez.
“Juan C. fue aprehendido en la alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió”, dio a conocer la Fiscalía General en un comunicado.
Hace unas semanas, una foto de la boda de la hija de Collado causó revuelo por la presencia de varios ministros de la Corte en activo, además de políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto.
El abogado ingresó anoche al Reclusorio Norte, cerca de las 20:00 horas.
Collado, preso por cargos de lavado
Al litigante también lo vinculan con la delincuencia organizada; está detenido en el Reclusorio Norte.
Juan Collado Mocelo, abogado de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos, fue detenido en un restaurante de Paseo de Las Palmas, en Lomas de Chapultepec, por una orden de aprehensión girada en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la captura luego de que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo el mandamiento de un Juzgado de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.
“Juan Collado fue aprehendido en la alcaldía de Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió”, dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR).
El litigante fue trasladado por agentes de Investigación Criminal de la FGR desde el restaurante hacia la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO) para rendir sus primeras declaraciones.
Cerca de las 20:00 horas fue ingresado al Reclusorio Norte y poco antes de las 21:00 horas, fue presentado antes un juez de control para verificar su situación jurídica, poco antes de la audiencia la defensa del litigante pidió que ésta se retrasara para verificar el estado de salud de su cliente.
De esta forma, y para que Collado fuera revisado por un médico particular así como para que los abogados analizarán las imputaciones, la audiencia se reprogramó para las 00:00 horas de este miércoles.
Al cierre de esta edición apenas iba a comenzar la audiencia para que la FGR realizara formalmente ante el Poder Judicial de la Federación las imputaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Juan Collado y se definiera su situación jurídica.
ABOGADO DE POLÍTICOS
Heredero de una dinastía reconocida en derecho, Juan Ramón Collado Mocelo es uno de los abogados más importantes del país.
Es licenciado en derecho, egresado de la Universidad Panamericana, fundó su firma de abogados que rápidamente ganó prestigio: Collado & Asociados, despacho que brinda servicios jurídicos nacionales e internacionales.
En su historial de litigio se encuentra la defensoría de personajes polémicos como el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien ha estado preso por nexos con el narcotráfico y lavado de dinero.
También defendió a Carlos Ahumada, uno de los personajes principales de los videoescándalos, en los que aparece dando fajos de dinero a personajes públicos y fue abogado de Mario Ruiz Massieu, acusado de lavado de dinero.
Actualmente, era parte de la defensa del líder del sindicato de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps, a quien se le imputan varios delitos como delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros.
Collado también fue parte del jet set mexicano, pues dos de sus tres matrimonios fueron con actrices famosas: su segunda esposa fue Leticia Calderón y, en 2012, contrajo nupcias con Yadhira Carrillo.
Tiene cuatro hijos, la mujer se casó en mayo pasado. A la boda asistieron el expresidente Enrique Peña Nieto y los ministros Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Fuente: Excelsior
ACTUALIZACIÓN: 11/7/19
En menos de un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación penal en contra del conocido abogado Juan Collado, reunió los elementos de prueba necesarios para sustentar inicialmente el caso, y obtuvo de un juez la orden de aprehensión para detenerlo y procesarlo por uno de los delitos más graves de todos: delincuencia organizada.
¿Cómo lo consiguió? ¿Es solido el caso? A partir de lo que los fiscales responsables del caso revelaron en una audiencia que se prolongó casi 12 horas, y del expediente de 144 páginas con el cual se solicitó la orden de aprehensión, Animal Político puede detallar ahora los puntos clave que explican la forma en la que se integró este caso.
También se aborda qué sigue en el caso en los próximos meses, lo que le falta a la FGR corroborar para una eventual sentencia, y por el lado de la defensa cuáles son las opciones con la que cuenta. Ello a partir de lo explicado directamente por los involucrados.
*Investigación exprés
La carpeta de investigación en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo se inició el 7 de junio de 2019, con la denuncia interpuesta por Sergio Hugo Bustamante Figueroa por el presunto robo de su identidad, hecho que a su vez provocó la venta ilícita de un terreno suyo a una sociedad financiera (Libertad Servicios Financieros), ligada con el abogado.
El caso quedó registrado en la carpeta número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quien inició con las pesquisas.
El 1 de julio, es decir tres semanas más tarde, la FGR le mandó el expediente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para que lo analizara, y de considerarlo procedente presentara la denuncia formal. Ello ya que por procedimiento se requiere de la denuncia de Hacienda en casos de posible lavado de dinero.
Tres días más tarde, el 4 de julio, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR, y un día después la ratificó. Ese mismo día, el 5 de julio, la Fiscalía envió al juez en turno del Reclusorio Norte el expediente y solicitó la orden de aprehensión en contra de Collado y cuatro personas más, la cual fue autorizada el 6 de julio.
Es decir, desde el momento de la denuncia inicial el 7 de junio, al instante que se giró la orden de aprehensión, 6 de julio, trascurrió menos de un mes.
*Víctima, denunciante y testigo: todo en uno
Durante la investigación la FGR recabó siete declaraciones ministeriales, todas ellas a la misma persona: el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa. La fecha de dichas diligencias fueron los días 7, 10, 12, 13, 17, 20 y 25 de junio.
La primera declaración de Bustamante fue para presentar la denuncia de hechos, y las siguientes para entregar documentos con los que contaba o narrar hechos que conocía, o que otras personas le habían dicho que sucedieron.
Esta situación fue criticada en la audiencia por los abogados defensores de Collado, quienes acusaron a la FGR de limitarse a recabar un “carrusel de declaraciones” de la misma persona, en vez de buscar otros testigos o sin verificar la veracidad de la información aportada por dicho individuo.
*La indagatoria reciclada
En su tercera comparecencia, la del 12 de junio, Bustamante entregó a la FGR una copia certificada de la averiguación previa DP/16/2016, iniciada el 22 de marzo de 2016 ante la Fiscalía de Querétaro, la cual al día de hoy sigue abierta.
De dicha averiguación la FGR extrajo 12 distintos datos de prueba, entre ellos el más importante de todos: el depósito de los 24 millones de pesos que se habrían transferido en abril de 2015 desde la empresa Operadora de Inmuebles del Centro SA de CV (de la que Bustamante señala que fue removido ilegalmente), a una cuenta bancaria a nombre de Juan Collado.
Además la Fiscalía aprovechó parte de la narración que ahí se había documentado para construir la narrativa de su caso.
Los abogados de Collado consideraron que todas esas pruebas deben declararse ilícitas por diversas razones, entre ellas que provienen de una averiguación que por ley es reservada, y a la que solo deberían tener acceso las partes involucradas y no terceros. Condenaron además que la Fiscalía no haya verificado por su cuenta los movimientos bancarios que ahí se encuentran reportados.
*La hipótesis y lo que falta por probar
Lo que la FGR sostiene – en su acusación – es que el abogado Juan Collado forma parte de una supuesta organización delictiva, integrada por al mes cinco personas, a través de la cual se triangulaban recursos obtenidos de forma ilícita para ocultar su origen, y aprovecharlos con intereses particulares.
El ejemplo que ha documentado para sostener esta hipótesis es el de la presunta compra ilegal del edificio despojado a Bustamante. No obstante, los fiscales también señalaron otros usos y posibles destinos del dinero, como por ejemplo el financiamiento ilegal a campañas, entre ellas la del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
En la audiencia y en el documento de la orden de aprehensión también se advierte de posibles transferencias a cuentas internacionales, entre ellas de Andorra, España y Suiza.
Para poder materializar estas conductas ilícitas los fiscales sostuvieron que el grupo encabezado por Collado recurría de forma sistemática a la usurpación de identidades, la creación de empresas fachada o fantasma, la simulación en la adquisición de inmuebles, entre otros. Todo ello utilizando el sistema bancario.
No obstante la mayor parte de estos señalamientos se sustentan, hasta ahora, en declaraciones ministeriales (la recabada por la FGR y las ya incluidas previamente en la averiguación previa de Querétaro).
Los fiscales de la FGR anunciaron al juez que durante el periodo de seis meses de investigación complementaria buscarán robustecer con evidencia documental estas denuncias, tanto a través de periciales en contabilidad, así como con el posible congelamiento de cuentas o el seguimiento de flujos en las mismas, con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
*¿Qué sigue para ambas partes? Pruebas y órdenes pendientes
Al concluir la audiencia del día miércoles el juez de control a cargo del caso decretó un periodo de seis meses de investigación complementaria para que ambas partes, la Fiscalía y la defensa, puedan reunir los elementos que consideren necesarios de cara a un eventual juicio. La próxima audiencia fue programada para el 11 de enero de 2020.
En este lapso la Fiscalía buscará, como ya se adelantaba en el punto anterior, reunir pruebas que documenten su teoría del caso.
A su vez la FGR tiene pendientes por cumplimentar cuatro órdenes de aprehensión más en contra de posibles involucrados. Se trata de las personas identificadas como José Antonio “R”, José Antonio “V”, Roberto Isaac “R”, y Tania Patricia “G”.
En tanto la defensa de Collado tiene un abanico de opciones. Por un lado anunciaron que presentarán un recurso de queja en contra de la determinación del juez del Reclusorio Norte de vincular a proceso a su cliente, por los delitos ya mencionados. Ello provocará que la determinación sea analizada por una sala penal, que podría confirmarla o revocarla.
Además cuentan con la opción de promover una demanda de amparo bajo el argumento de que sus derechos podrían haber sido violentados luego de que el juez mantuvo pruebas que, según lo dicho por la defensa en la audiencia, no se obtuvieron de forma lícita o no podían haberse usado en un caso de delincuencia organizada.
*Hasta dos años de prisión preventiva
Mientras Juan Collado siga bajo proceso penal por el delito de delincuencia organizada no podrá salir en libertad. Esto ya que dicho ilícito está considerado como uno de los que ameritan prisión preventiva oficiosa (automática), de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución.
Si el proceso se mantiene como hasta ahora, significa que el abogado deberá permanecer en prisión al menos hasta enero próximo y durante todo el tiempo en que sea necesario, con un periodo límite de dos años.
Cabe recordar que Collado señaló que padece de afectaciones cardiacas y problemas de diabetes, por lo que alguna crisis de salud que no pudiera manejarse en el centro médico del penal también podría derivar en su traslado a otro sitio.
*Lo que no se reveló en la audiencia: expresidentes, sobornos…
Hubo algunos aspectos que se encuentran en el expediente del caso que no fueron revelados en la audiencia inicial, realizada en el Reclusorio Norte, pero que se conocen partir del documento de la solicitud de orden de aprehensión a la que este medio tuvo acceso.
Por ejemplo, se publicó que Sergio Hugo Bustamante Figueroa declaró que expresidentes de México como Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto serían los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, donde Collado fungía como presidente del Consejo de Administración y que se encuentra implicada en los posibles malos manejos de recursos.
En el documento también se encuentra un fragmento de la declaración que Bustamante hace el 10 de junio, en la que advierte que Libertad Servicios Financieros habría realizado traspasos de hasta 100 millones de pesos a cuentas de la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
De igual forma se revelan pagos a otros empresarios, uno de los más recurrentes de nombre José de Jesús Martínez Tejada, exdueño del equipo de futbol Irapuato y contratista favorito en el gobierno de Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
Fuente: Animal Político.
10/7/19
Juan Collado Mocelo, quien ha sido defensor legal de varios políticos envueltos en polémicas, fue detenido ayer en la Ciudad de México por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura del abogado de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, ocurrió en un restaurante ubicado en Paseo de Las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec.
Varios agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la detención, ordenada por un juez.
“Juan C. fue aprehendido en la alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió”, dio a conocer la Fiscalía General en un comunicado.
Hace unas semanas, una foto de la boda de la hija de Collado causó revuelo por la presencia de varios ministros de la Corte en activo, además de políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto.
El abogado ingresó anoche al Reclusorio Norte, cerca de las 20:00 horas.
Collado, preso por cargos de lavado
Al litigante también lo vinculan con la delincuencia organizada; está detenido en el Reclusorio Norte.
Juan Collado Mocelo, abogado de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos, fue detenido en un restaurante de Paseo de Las Palmas, en Lomas de Chapultepec, por una orden de aprehensión girada en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la captura luego de que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo el mandamiento de un Juzgado de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.
“Juan Collado fue aprehendido en la alcaldía de Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió”, dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR).
El litigante fue trasladado por agentes de Investigación Criminal de la FGR desde el restaurante hacia la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO) para rendir sus primeras declaraciones.
Cerca de las 20:00 horas fue ingresado al Reclusorio Norte y poco antes de las 21:00 horas, fue presentado antes un juez de control para verificar su situación jurídica, poco antes de la audiencia la defensa del litigante pidió que ésta se retrasara para verificar el estado de salud de su cliente.
De esta forma, y para que Collado fuera revisado por un médico particular así como para que los abogados analizarán las imputaciones, la audiencia se reprogramó para las 00:00 horas de este miércoles.
Al cierre de esta edición apenas iba a comenzar la audiencia para que la FGR realizara formalmente ante el Poder Judicial de la Federación las imputaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Juan Collado y se definiera su situación jurídica.
ABOGADO DE POLÍTICOS
Heredero de una dinastía reconocida en derecho, Juan Ramón Collado Mocelo es uno de los abogados más importantes del país.
Es licenciado en derecho, egresado de la Universidad Panamericana, fundó su firma de abogados que rápidamente ganó prestigio: Collado & Asociados, despacho que brinda servicios jurídicos nacionales e internacionales.
En su historial de litigio se encuentra la defensoría de personajes polémicos como el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien ha estado preso por nexos con el narcotráfico y lavado de dinero.
También defendió a Carlos Ahumada, uno de los personajes principales de los videoescándalos, en los que aparece dando fajos de dinero a personajes públicos y fue abogado de Mario Ruiz Massieu, acusado de lavado de dinero.
Actualmente, era parte de la defensa del líder del sindicato de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps, a quien se le imputan varios delitos como delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros.
Collado también fue parte del jet set mexicano, pues dos de sus tres matrimonios fueron con actrices famosas: su segunda esposa fue Leticia Calderón y, en 2012, contrajo nupcias con Yadhira Carrillo.
Tiene cuatro hijos, la mujer se casó en mayo pasado. A la boda asistieron el expresidente Enrique Peña Nieto y los ministros Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Fuente: Excelsior
ACTUALIZACIÓN: 11/7/19
¿Cómo logró la FGR armar un caso contra Collado y encarcelarlo en menos de un mes?
El conocido abogado fue procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero tras una maratónica investigación que, sin embargo, fue duramente cuestionada por la posible ilicitud de sus pruebas.En menos de un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación penal en contra del conocido abogado Juan Collado, reunió los elementos de prueba necesarios para sustentar inicialmente el caso, y obtuvo de un juez la orden de aprehensión para detenerlo y procesarlo por uno de los delitos más graves de todos: delincuencia organizada.
¿Cómo lo consiguió? ¿Es solido el caso? A partir de lo que los fiscales responsables del caso revelaron en una audiencia que se prolongó casi 12 horas, y del expediente de 144 páginas con el cual se solicitó la orden de aprehensión, Animal Político puede detallar ahora los puntos clave que explican la forma en la que se integró este caso.
También se aborda qué sigue en el caso en los próximos meses, lo que le falta a la FGR corroborar para una eventual sentencia, y por el lado de la defensa cuáles son las opciones con la que cuenta. Ello a partir de lo explicado directamente por los involucrados.
*Investigación exprés
La carpeta de investigación en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo se inició el 7 de junio de 2019, con la denuncia interpuesta por Sergio Hugo Bustamante Figueroa por el presunto robo de su identidad, hecho que a su vez provocó la venta ilícita de un terreno suyo a una sociedad financiera (Libertad Servicios Financieros), ligada con el abogado.
El caso quedó registrado en la carpeta número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quien inició con las pesquisas.
El 1 de julio, es decir tres semanas más tarde, la FGR le mandó el expediente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para que lo analizara, y de considerarlo procedente presentara la denuncia formal. Ello ya que por procedimiento se requiere de la denuncia de Hacienda en casos de posible lavado de dinero.
Tres días más tarde, el 4 de julio, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR, y un día después la ratificó. Ese mismo día, el 5 de julio, la Fiscalía envió al juez en turno del Reclusorio Norte el expediente y solicitó la orden de aprehensión en contra de Collado y cuatro personas más, la cual fue autorizada el 6 de julio.
Es decir, desde el momento de la denuncia inicial el 7 de junio, al instante que se giró la orden de aprehensión, 6 de julio, trascurrió menos de un mes.
*Víctima, denunciante y testigo: todo en uno
Durante la investigación la FGR recabó siete declaraciones ministeriales, todas ellas a la misma persona: el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa. La fecha de dichas diligencias fueron los días 7, 10, 12, 13, 17, 20 y 25 de junio.
La primera declaración de Bustamante fue para presentar la denuncia de hechos, y las siguientes para entregar documentos con los que contaba o narrar hechos que conocía, o que otras personas le habían dicho que sucedieron.
Esta situación fue criticada en la audiencia por los abogados defensores de Collado, quienes acusaron a la FGR de limitarse a recabar un “carrusel de declaraciones” de la misma persona, en vez de buscar otros testigos o sin verificar la veracidad de la información aportada por dicho individuo.
*La indagatoria reciclada
En su tercera comparecencia, la del 12 de junio, Bustamante entregó a la FGR una copia certificada de la averiguación previa DP/16/2016, iniciada el 22 de marzo de 2016 ante la Fiscalía de Querétaro, la cual al día de hoy sigue abierta.
De dicha averiguación la FGR extrajo 12 distintos datos de prueba, entre ellos el más importante de todos: el depósito de los 24 millones de pesos que se habrían transferido en abril de 2015 desde la empresa Operadora de Inmuebles del Centro SA de CV (de la que Bustamante señala que fue removido ilegalmente), a una cuenta bancaria a nombre de Juan Collado.
Además la Fiscalía aprovechó parte de la narración que ahí se había documentado para construir la narrativa de su caso.
Los abogados de Collado consideraron que todas esas pruebas deben declararse ilícitas por diversas razones, entre ellas que provienen de una averiguación que por ley es reservada, y a la que solo deberían tener acceso las partes involucradas y no terceros. Condenaron además que la Fiscalía no haya verificado por su cuenta los movimientos bancarios que ahí se encuentran reportados.
*La hipótesis y lo que falta por probar
Lo que la FGR sostiene – en su acusación – es que el abogado Juan Collado forma parte de una supuesta organización delictiva, integrada por al mes cinco personas, a través de la cual se triangulaban recursos obtenidos de forma ilícita para ocultar su origen, y aprovecharlos con intereses particulares.
El ejemplo que ha documentado para sostener esta hipótesis es el de la presunta compra ilegal del edificio despojado a Bustamante. No obstante, los fiscales también señalaron otros usos y posibles destinos del dinero, como por ejemplo el financiamiento ilegal a campañas, entre ellas la del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
En la audiencia y en el documento de la orden de aprehensión también se advierte de posibles transferencias a cuentas internacionales, entre ellas de Andorra, España y Suiza.
Para poder materializar estas conductas ilícitas los fiscales sostuvieron que el grupo encabezado por Collado recurría de forma sistemática a la usurpación de identidades, la creación de empresas fachada o fantasma, la simulación en la adquisición de inmuebles, entre otros. Todo ello utilizando el sistema bancario.
No obstante la mayor parte de estos señalamientos se sustentan, hasta ahora, en declaraciones ministeriales (la recabada por la FGR y las ya incluidas previamente en la averiguación previa de Querétaro).
Los fiscales de la FGR anunciaron al juez que durante el periodo de seis meses de investigación complementaria buscarán robustecer con evidencia documental estas denuncias, tanto a través de periciales en contabilidad, así como con el posible congelamiento de cuentas o el seguimiento de flujos en las mismas, con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
*¿Qué sigue para ambas partes? Pruebas y órdenes pendientes
Al concluir la audiencia del día miércoles el juez de control a cargo del caso decretó un periodo de seis meses de investigación complementaria para que ambas partes, la Fiscalía y la defensa, puedan reunir los elementos que consideren necesarios de cara a un eventual juicio. La próxima audiencia fue programada para el 11 de enero de 2020.
En este lapso la Fiscalía buscará, como ya se adelantaba en el punto anterior, reunir pruebas que documenten su teoría del caso.
A su vez la FGR tiene pendientes por cumplimentar cuatro órdenes de aprehensión más en contra de posibles involucrados. Se trata de las personas identificadas como José Antonio “R”, José Antonio “V”, Roberto Isaac “R”, y Tania Patricia “G”.
En tanto la defensa de Collado tiene un abanico de opciones. Por un lado anunciaron que presentarán un recurso de queja en contra de la determinación del juez del Reclusorio Norte de vincular a proceso a su cliente, por los delitos ya mencionados. Ello provocará que la determinación sea analizada por una sala penal, que podría confirmarla o revocarla.
Además cuentan con la opción de promover una demanda de amparo bajo el argumento de que sus derechos podrían haber sido violentados luego de que el juez mantuvo pruebas que, según lo dicho por la defensa en la audiencia, no se obtuvieron de forma lícita o no podían haberse usado en un caso de delincuencia organizada.
*Hasta dos años de prisión preventiva
Mientras Juan Collado siga bajo proceso penal por el delito de delincuencia organizada no podrá salir en libertad. Esto ya que dicho ilícito está considerado como uno de los que ameritan prisión preventiva oficiosa (automática), de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución.
Si el proceso se mantiene como hasta ahora, significa que el abogado deberá permanecer en prisión al menos hasta enero próximo y durante todo el tiempo en que sea necesario, con un periodo límite de dos años.
Cabe recordar que Collado señaló que padece de afectaciones cardiacas y problemas de diabetes, por lo que alguna crisis de salud que no pudiera manejarse en el centro médico del penal también podría derivar en su traslado a otro sitio.
*Lo que no se reveló en la audiencia: expresidentes, sobornos…
Hubo algunos aspectos que se encuentran en el expediente del caso que no fueron revelados en la audiencia inicial, realizada en el Reclusorio Norte, pero que se conocen partir del documento de la solicitud de orden de aprehensión a la que este medio tuvo acceso.
Por ejemplo, se publicó que Sergio Hugo Bustamante Figueroa declaró que expresidentes de México como Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto serían los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, donde Collado fungía como presidente del Consejo de Administración y que se encuentra implicada en los posibles malos manejos de recursos.
En el documento también se encuentra un fragmento de la declaración que Bustamante hace el 10 de junio, en la que advierte que Libertad Servicios Financieros habría realizado traspasos de hasta 100 millones de pesos a cuentas de la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
De igual forma se revelan pagos a otros empresarios, uno de los más recurrentes de nombre José de Jesús Martínez Tejada, exdueño del equipo de futbol Irapuato y contratista favorito en el gobierno de Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
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