En los últimos 23 años, desde la creación del Consejo de la Judciatura, han sido excluidos 388 abogados, 8.328 han sido sancionados y 6.853 han sido censurados.
Y aunque esos números no son mayoría de cara a los más de 200 mil litigantes que laboran en el territorio nacional, sí es claro que las actuaciones irregulares de unos pocos minan la credibilidad de los ciudadanos en el sistema judicial, y empeñan el nombre de la justicia nacional.
Un claro ejemplo de lo que no debe hacer un abogado se presentó hace unos meses cuando un litigante interpuso un recurso judicial (habeas corpus), usado para exigir la libertad de los detenidos, pero en su caso... buscaba sacar a uno de los participantes de un reality show de un canal privado de televisión del lugar en el que lo mantenían confinados junto a otros concursantes.
"Esto es muy preocupante" reconoce Néstor Osuna Patiño, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero llama la ateción de los profesionales para que se abstengan de cometer faltas que terminan por enlodar el nombre de quienes sí se esmeran por hacer cumplir la ley.
Sobre los litigantes que han recibido la más dura sanción (exclusión) el magistrado señaló que un ejemplo para hacerse merecedor de ésta puede ser el que los profesionales se queden con el dinero de los clientes abusando del poder que les otorgan. “Es frecuente que los clientes pacten con los abogados que un porcentaje de lo logrado tras el pleito sean sus honorarios”, dice Osuna al señalar que la mayoría de las exclusiones obedece precisamente a que los abogados se quedan con todo el monto recaudado.
Otra de las faltas es apoderar a las dos partes involucradas en el mismo caso, o apoderar a alguien para cometer delitos, fraudes o estafas, etc.
Si bien muchos de los montos con los que se quedan los litigantes no siempre son altos, sí es claro que ellos son importantes para el ciudadano que los reclama, al punto de recurrir a un profesional para alcanzarlos. Así las cosas, el monto pasa a segundo plano a la hora de valorar la falta, pues muchos casos son de personas que luchan por sus pensiones, vitales para adultos de la tercera edad.
“Estas personas podrán manejar taxi o dedicarse al comercio, pero no litigar”, enfatiza Osuna al confirmar que si bien este tipo de medidas están relacionadas con el derecho al trabajo, se justifican como una sanción que se equipara con la gravedad de la falta.
Sobre las suspensiones, el jurista manifestó que éstas van desde dos meses hasta cinco años, y se gradúan de acuerdo a cada caso particular. En el orden de gravedad de las sanciones sigue, en tercer lugar, la censura, entendida como un llamado de atención.
Casos VS. efectividad
Las dudas surgen a la hora de evaluar qué tan efectivas son las sanciones, no sólo de cara a los abogados que pueden volver a litigar, sino a la hora en que las personas puedan recuperar los dineros que les fueron estafados.
“Si a una persona le fue retirado el pase, pero la Policía no lo para, seguirá manejando”, dice el magistrado Néstor Osuna al ejemplificar una de las posibilidades que se pueden presentar en los casos de exclusión de abogados, aunque señala que el país cuenta con un sistema que les permite a los jueces y a los ciudadanos establecer si quien sirve de apoderado u ofrece sus servicios cuenta con los antecedentes limpios.
Si bien la reincidencia en este caso particular no es muy común, sí sucede. Este es precisamente el caso de Jenny Lizeth Cárdenas Nieto, una abogada quien en Santander, el pasado 18 de febrero fue sancionada por sexta vez con la sanción de exclusión, siendo las anteriores el 17 de noviembre de 2011, el 26 de noviembre de 2012, el 8 de agosto de 2014, el 29 de octubre del mismo año, y el 4 de febrero de 2015.
Según el expediente la abogada le cobró a la madre de una detenido en la Cárcel Modelo 700 mil pesos por llevar el caso que permitiera la libertad de su hijo, señalado de porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. En abril de 2010, tras recibir un adelanto de 200 mil pesos; la mujer, como era obvió por las sanciones de exclusión que pesaban sobre ella, decidió no dar la cara y desaparecer.
Una historia similar se repite en el caso de Camilo Kecam quien en septiembre de 2009, por conseguir los permisos para que un restaurante sirviera también como bar, cobró la suma de 20 millones de pesos pero, siendo sus honorarios de 2 millones. A pesar de lo cual nunca adelantó las labores necesarias para que se concretara el caso.
Un claro ejemplo de lo que no debe hacer un abogado se presentó hace unos meses cuando un litigante interpuso un recurso judicial (habeas corpus), usado para exigir la libertad de los detenidos, pero en su caso... buscaba sacar a uno de los participantes de un reality show de un canal privado de televisión del lugar en el que lo mantenían confinados junto a otros concursantes.
"Esto es muy preocupante" reconoce Néstor Osuna Patiño, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero llama la ateción de los profesionales para que se abstengan de cometer faltas que terminan por enlodar el nombre de quienes sí se esmeran por hacer cumplir la ley.
Sobre los litigantes que han recibido la más dura sanción (exclusión) el magistrado señaló que un ejemplo para hacerse merecedor de ésta puede ser el que los profesionales se queden con el dinero de los clientes abusando del poder que les otorgan. “Es frecuente que los clientes pacten con los abogados que un porcentaje de lo logrado tras el pleito sean sus honorarios”, dice Osuna al señalar que la mayoría de las exclusiones obedece precisamente a que los abogados se quedan con todo el monto recaudado.
Otra de las faltas es apoderar a las dos partes involucradas en el mismo caso, o apoderar a alguien para cometer delitos, fraudes o estafas, etc.
Si bien muchos de los montos con los que se quedan los litigantes no siempre son altos, sí es claro que ellos son importantes para el ciudadano que los reclama, al punto de recurrir a un profesional para alcanzarlos. Así las cosas, el monto pasa a segundo plano a la hora de valorar la falta, pues muchos casos son de personas que luchan por sus pensiones, vitales para adultos de la tercera edad.
“Estas personas podrán manejar taxi o dedicarse al comercio, pero no litigar”, enfatiza Osuna al confirmar que si bien este tipo de medidas están relacionadas con el derecho al trabajo, se justifican como una sanción que se equipara con la gravedad de la falta.
Sobre las suspensiones, el jurista manifestó que éstas van desde dos meses hasta cinco años, y se gradúan de acuerdo a cada caso particular. En el orden de gravedad de las sanciones sigue, en tercer lugar, la censura, entendida como un llamado de atención.
Casos VS. efectividad
Las dudas surgen a la hora de evaluar qué tan efectivas son las sanciones, no sólo de cara a los abogados que pueden volver a litigar, sino a la hora en que las personas puedan recuperar los dineros que les fueron estafados.
“Si a una persona le fue retirado el pase, pero la Policía no lo para, seguirá manejando”, dice el magistrado Néstor Osuna al ejemplificar una de las posibilidades que se pueden presentar en los casos de exclusión de abogados, aunque señala que el país cuenta con un sistema que les permite a los jueces y a los ciudadanos establecer si quien sirve de apoderado u ofrece sus servicios cuenta con los antecedentes limpios.
Si bien la reincidencia en este caso particular no es muy común, sí sucede. Este es precisamente el caso de Jenny Lizeth Cárdenas Nieto, una abogada quien en Santander, el pasado 18 de febrero fue sancionada por sexta vez con la sanción de exclusión, siendo las anteriores el 17 de noviembre de 2011, el 26 de noviembre de 2012, el 8 de agosto de 2014, el 29 de octubre del mismo año, y el 4 de febrero de 2015.
Según el expediente la abogada le cobró a la madre de una detenido en la Cárcel Modelo 700 mil pesos por llevar el caso que permitiera la libertad de su hijo, señalado de porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. En abril de 2010, tras recibir un adelanto de 200 mil pesos; la mujer, como era obvió por las sanciones de exclusión que pesaban sobre ella, decidió no dar la cara y desaparecer.
Una historia similar se repite en el caso de Camilo Kecam quien en septiembre de 2009, por conseguir los permisos para que un restaurante sirviera también como bar, cobró la suma de 20 millones de pesos pero, siendo sus honorarios de 2 millones. A pesar de lo cual nunca adelantó las labores necesarias para que se concretara el caso.
Con información de Vanguardia.com.
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